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Newsletters > Abril 2010
Prorrogada la moratoria para evitar la disolución de empresas en pérdidas
El Gobierno acordó prorrogar dos años la moratoria que dio en 2008 para
evitar que las sociedades que tengan determinadas pérdidas incurran en causa
de disolución o estén obligadas a reducir capital social. La prórroga,
reclamada por sectores como el de la construcción y la promoción de
viviendas, estaba contemplada en el documento que el Gobierno trasladó a los
partidos políticos la semana pasada en el marco del pacto anticrisis (el
llamado Pacto de Zurbano), y que está pendiente de firma.
El Consejo de Ministros argumenta que ‘la situación económica y el deterioro
en determinadas empresas motivan la ampliación por dos nuevos ejercicios de
la norma anterior, únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del
inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las
existencias’.
La Ley de Sociedades Anónimas fija, en varios artículos que ahora
permanecerán congelados, que incurrirán en causa de disolución las empresas
cuyas pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a
la mitad del capital social. En concreto, fija que las empresas estarán
obligadas a reducir capital cuando las pérdidas ‘disminuyan su haber por
debajo de las dos terceras partes del capital y hubiere transcurrido un
ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio’.
El Consejo de Ministros aprobó también vía real decreto, reducir las
cotizaciones que pagan las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades
profesional, que lo harán entre un 5% y un 10%, con el objetivo de reducir
la siniestralidad laboral.
La financiación de este sistema de incentivos es con cargo al Fondo de
Prevención y Rehabilitación, constituido con el 80% del exceso de excedentes
de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social.
Así, en este año se reconocerán y abonarán los incentivos de 2009.
El real decreto se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2007-2012 y que establece la posibilidad de reducir estas
cotizaciones de la Seguridad Social siempre que las empresas acrediten una
reducción de la siniestralidad y prevengan los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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